Las cifras más conservadoras, entre las fuentes confiables, nos indican que no menos de 200,000 mujeres participaron en la protesta del domingo 8 de marzo, eso permite afirmar que el paro nacional de mujeres convocado para el día 9 cumplió su objetivo: la visibilización de los problemas de inequidad, desigualdad y violencia a la que están sometidas las mujeres en nuestro país.
La discusión ha sido traumática para el gobierno, la sociedad y la economía, no es para menos; no se trata desde luego de un problema nuevo, pero han sido los cruentos delitos, feminicidios, acontecidos en los últimos meses los que pusieron bajo los reflectores y las alarmas una situación acumulada por décadas.
A diferencia de otros estallidos sociales, la causa de las mujeres es transversal, es decir, mientas que otros fenómenos de exclusión como los aspectos étnicos, se refieren a los estratos menos afortunados de la población, el de las mujeres no guarda relación con el ingreso o el gasto, le sucede tanto a las CEO de las grandes empresas como a las empleadas domésticas, las estudiantes de instituciones públicas y privadas o a quienes viven en comunidades indígenas, porque el problema parte de nuestras prácticas de producción, de consumo y de orden social. El hecho es que, al final del día, la violencia arrojó a las calles a las mujeres que tienen miedo y que perciben caos en sus relaciones sociales. Maquiavelo, hace más de quinientos años, había dicho que las sociedades se pueden acostumbrar a cualquier cosa, incluida el hambre o la represión, pero que ninguna puede asimilar el caos porque el orden es la razón de la convivencia social.
El llamado a que las mujeres se abstengan de trabajar, consumir o producir durante un día tuvo una acogida inmediata y los opositores a la medida aparecieron como pálidos reclamos de quienes se niegan a ceder o compartir el poder. Después de la protesta y del paro está claro que muchas prácticas habrán cambiado en la sociedad y que hombres y mujeres tendremos que aprender a establecer y cumplir nuevas reglas de convivencia.
Si bien puedo aventurar mis propias ideas en torno a la cuestión social, cultural y jurídica de los hechos, me acerco a los expertos de Créditum para que me den luz sobre el impacto real que, en lo económico, tuvo el paro del 9M. Se estima que se detuvieron, aproximadamente el 40% de la fuerza de trabajo con contratos dentro de la economía nacional. Tardaremos varios días en considerar los efectos dentro de la economía informal, pero si nos limitamos a este aspecto, me dicen los expertos de Créditum, que esto representará un costo sobre los 26,000 millones de pesos, una previsión provisional aumentaría el monto en 11,600 millones más si se suma el trabajo informal.
Desde luego, no se trata de un impacto despreciable pero tampoco se puede considerar catastrófico, el paro está diseñado para visibilizar rangos y problemas y tendrá, sobre todo, un peso social y simbólico; nos daremos cuenta, por ejemplo de lo que en la realidad significa que el trabajo no remunerado en el hogar – que sigue siendo absolutamente mayoritario para mujeres – alcanzaría casi un 24.2% del PIB según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Nos daremos cuenta, según otras fuentes que las mujeres generan, en un sólo día, una economía similar al presupuesto de la UNAM por cincuenta jornadas laborables; ahora bien, un aspecto sobre el que llaman mi atención los especialistas de Créditum que tendremos a la vista de inmediato es la simbiosis entre el trabajo que realizan hombres y mujeres; así, el 10% del trabajo que realizan los hombres no pudo ser realizado sin el concurso de las mujeres.
La mayor parte del empresariado ha reaccionado con prudencia, ha tomado medidas de suspensión intermedia o total según sus prácticas pero no se han opuesto al paro restándole virulencia social; de hecho, la llamada de atención puede resultarnos barata si aprendemos de la experiencia y tomamos las medidas necesarias.
En un reciente estudio de la UNAM se percibió que durante 2018 fueron 11,645,000 mujeres las que declararon haber sufrido algún episodio aislado o continuado de violencia; el costo social – juzgados, procuración de justicia, servicios sociales e impacto económico – de esa situación, si bien distribuido en distintos rubros, equivale al 1.5% del PIB anualizado o, para que quede más claro al 5.2% del Presupuesto de Egresos de la Federación para el mismo año, no se olvide que tan solo los programas de perspectiva de género, que por lo visto no funcionan, superan el 1.5% del gasto público nacional. Pero es que resulta natural en un país donde sólo el 7% de los consejos de administración de las empresas están ocupados por mujeres y únicamente el 4% de las gerencias están en manos de mujeres; de acuerdo con el Foro Económico Mundial la brecha de género ha crecido insistentemente en México en los últimos 14 años, pasando del lugar 98 en 2006 al 124 en 2020.
Sin duda el impacto económico será severo; sin embargo, si el empresariado, si los empleadores y los actores económicos, como parece ser, están dispuestos a aprender la lección, la mejor incorporación de las mujeres a la vida económica redundará en el mediano plazo, en la disminución del costo social y sobre todo, en una convivencia social más justa y más armónica.
César Benedicto Callejas.
Abogado y analista.
@cesarbc70
