Por: Adolfo Laborde
La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump de dejar a su suerte a los más de 800,000 mil jóvenes que desde el año 2012 se han beneficiado del programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA por sus siglas en inglés) es una muestra más de que el pragmatismo político de la Casa Blanca no tiene límites. En 1 mes, cuando acabe este programa, se podrá hacer poco o nada. Esta decisión se da en el marco del final de la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) y la aprobación del presupuesto para los dos años siguientes en ese país. No es fortuita está decisión; el destinatario tiene nombre y apellido. Más del 80 por ciento de los jóvenes soñadores son de origen mexicano.
Sin llegar al fatalismo de los juicios de valor o las interpretaciones jurídicas de los conservadores, pienso que este acto saca a relucir una vez más la calidad moral de aquellos que tomaron dicha decisión. El golpe ya está dado y a pesar de que en el tiempo que queda de vida al programa de los DACA se cambie de opinión, nada les quitará a estos jóvenes soñadores las preocupaciones y la incertidumbre en su cotidianidad. Hay por su puesto otras vías legales para que se mantengan en los Estados Unidos y no sean repatriados a sus respectivos países de origen. Regularizar su situación migratoria por medio de contraer matrimonio con un ciudadano o residente (la más común en los procesos de regularización migratoria) o por medio de uno de los padres que sea residente legal. Otra opción y de la cual no se ha hablado, es que sus empleadores los apoyen en el proceso de obtención de residencia, primero ofreciéndoles empleo y posteriormente comenzar con los trámites de residencia legal. Este camino es largo y costoso; además, compromete al empleador a ser el promotor del trabajador ante migración. Aquí la doble moral de muchas compañías que apoyan a los soñadores de palabra, pero no en los hechos. Nuevamente la lógica de optimización económica se impone.
No queda más que esperar que las protestas de los soñadores transiten a un movimiento organizado y logren sensibilizar a los grupos de poder y presión en Washington, de esta forma, podría lograr que se legisle al respecto o en su defecto, mantener el programa DACA hasta que se pueda lograr concretar la tan anhelada reforma migratoria integral. No es justo que este grupo sean víctimas de las coyunturas y estrategias políticas de los operadores políticos de Trump. Lavarse las manos no es un acto de responsabilidad política, sino de irresponsable que deja claro que, como en muchos otros lados, el sentido humano solo tiene cabida en los discursos.
Mientras esto sucede, no sé si en México se está instrumentalizando la versión del “Plan B” en materia migratoria (recepción de jóvenes repatriados) y su inserción en el mercado laboral del país, especialmente en la Pequeñas y Mediana Empresas (PYMES) donde su talento y capacidades podría servir para su internacionalización si se genera una política pública al respecto, de lo contrarío, se podrían convertir en parte del ya numeroso ejercito nacional de talentos, en otras palabras, en las filas del desempleo.
De darse el regreso de los DACA, habría efectos inmediatos en la economía de México (presión al empleo y competencia por los mercados laborales ya saturados) sobre todo en el mercado laboral y por ende, en las empresas mexicanas que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año de 2017 había alrededor de 4 millones 48 mil unidades empresariales de las cuales el 99.8% son catalagadas como PYMES y MIPYMES. Este número cobra relevancia si tomamos en cuenta que las PYMES general el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 72% del empleo en el país.
Adolfo Laborde: Profesor – Investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, México.
